En su texto, ERC recuerda que más de 12.000 niños y niñas nacieron con graves problemas congénitos después de que sus madres tomaran ese fármaco, comercializado en España entre 1958 y 1963 para las embarazadas que sufrían náuseas.

Denuncia que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, el régimen de Franco "ocultó estos problemas a la ciudadanía, y no reconoció a las víctimas cuáles eran las causas de sus malformaciones o pérdida de fortaleza muscular, por lo que no admitió ningún tipo de responsabilidad".

La falta de información impidió a las víctimas solicitar compensaciones, argumenta, y después los gobiernos democráticos han demostrado una patente "falta de solidaridad" con los afectados.

Reclama por ello al Gobierno que reconozca el sufrimiento de estas personas y la falta de solidaridad del Estado hacia ellas, y que en el plazo de seis meses presente un informe sobre los casos ocurridos en España.

Para todos los afectados, pide una exención del 100% sobre el precio de los medicamentos vinculados a la paliación de los efectos generados por la talidomida, así como en las prótesis, ortoprótesis y sillas de ruedas manuales y eléctricas.

Finalmente, solicita al Gobierno que acuerde con las asociaciones de víctimas un sistema de pensiones vinculado al grado de minusvalía de los afectados, y unas indemnizaciones acordes con las dificultades padecidas.