Este partido afirmó en un comunicado que hoy se puede constatar que la reforma del Código Penal supone “un beneficio colectivo”, no solo para el independentismo, sino para “el conjunto de los demócratas”. “La interpretación que el Supremo hizo de la sedición en la sentencia del 1 octubre abría la puerta a condenar otros movimientos pacíficos por este delito”, destaca.

Por ello, valora positivamente el “reconocimiento, por parte del mismo juez Llarena, de que no hay ninguna sustitución del delito de sedición, sino que se ha producido la eliminación efectiva”. Según ERC, la entrada en vigor de la reforma “mejora las condiciones objetivas, ahora y en el futuro, para todas las personas represaliadas”.

Por este motivo, el partido pone de relieve la importancia de la negociación como mecanismo de resolución de conflictos y reafirma su apuesta por esta vía. De todos modos, también es consciente del “margen interpretativo” que aún existe en la “judicatura española a la hora de aplicar el marco normativo”.

Ante esta situación, ERC seguirá “batallando”, de forma tanto política como jurídica, para poner “fin a la represión”. El partido de Oriol Junqueras defiende la amnistía como “mejor herramienta para parar la represión derivada del 1 de octubre porque es la vía que garantiza más justicia” y asegura que trabajará para garantizar el derecho de autodeterminación de Cataluña.

MARTA ROVIRA

En relación a las implicaciones que el posicionamiento de Llarena puede tener en las causas abiertas contra las personas “exiliadas”, ERC se compromete a respetar “todas las decisiones personales” que se deriven.

En relación con la secretaria general del partido, Marta Rovira, recuerda que ella misma aseguró desde Ginebra que esta información merece “una valoración política, jurídica y personal en profundidad”. Por ello, pidió “prudencia” y apuntó que tal y como ha hecho en los últimos casi cinco años, no tomará “decisiones de forma precipitada ni inminente”.

Por el delito de sedición estaban procesadas la dirigente de ERC Mata Rovira y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. El juez deja sin efecto las euroórdenes y las órdenes nacionales e internacionales de detención contra cinco procesados en rebeldía y comunicará su decisión a las autoridades de Bélgica e Italia.