En este documento, ambos partidos alertan de que la guerra en Ucrania “compromete” la autonomía energética de Europa “coartando las posibilidades de acelerar una transformación hacia un modelo económico justo y sostenible”. “Los horrores de la guerra han relegado las ambiciones hacia una transición socialmente justa hacia una economía baja en carbono”, dicen.

Ante esta situación, estas formaciones consideran necesario “repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos”. En concreto, abogan por un “giro copernicano” en muchas políticas públicas y una “reevaluación de las inversiones en curso”.

Al respecto, creen que hace falta “ya” un “amplio plan de choque” que despliegue una “fuerte” protección social, económica y laboral para la ciudadanía frente a lo que pueda ocurrir, a la par que medidas “audaces” que transformen “desde ya” todas las vertientes del sistema productivo, energético, económico y social.

Además, proponen enfrentar y acabar con las prácticas empresariales que “buscan beneficiarse” de este “escenario de inestabilidad” con el único objetivo de “mantener la concentración de beneficios a costa de agravar las consecuencias sociales y humanas derivadas de estas prácticas”.

MEDIDAS

En el “plan de coche” ERC y Bildu proponen una serie de medidas energéticas, económicas, sociales, laborales y fiscales para revertir este escenario de “incertidumbre” y “desestabilización” que ha sido agravado por la invasión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Ucrania.

Entre las más de 30 medidas que plantean, destacan abordar “sin demora” la desindexación del gas en el sistema de fijación de precios de la energía, incorporar medidas específicas dirigidas a los consumidores industriales electrointensivos y una reducción excepcional del IVA del gas al 10% para los consumidores vulnerables.

También apuestan por ampliar el plazo para la devolución de los préstamos ICO; recuperar las ayudas y condiciones especiales respecto a los trabajadores autónomos puestas en marcha por la covid-19, así como la ampliación del límite de renta en un 20% adicional para el acceso al bono social eléctrico.

Otras medidas buscan la prohibición de despido por causas directa o indirectamente relacionadas con las circunstancias económicas o productivas relativas a la crisis económica, la pandemia sanitaria o la guerra en Ucrania y establecer un impuesto especial a las empresas energéticas del 12% sobre los beneficios declarados.