La organización ecologista Greenpeace y la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) denunciaron que la nueva ley protege los intereses de la industria de los plásticos y no el medio ambiente.

Greenpeace y la Coda criticaron que la norma no establezca restricciones a la producción y consumo del plástico PVC y aseguraron que promueve la incineración de residuos como sistema de tratamiento.

Por el contrario, acusaron al ministerio de promover un legislación que no defiende la reutilización de los envases y sólo mostraron cierta satisfacción por el objetivo de reducción de un 10 por ciento en peso de los residuos de envase para el año 2001.

FABRICANTES DE PVC

Estas críticas contrastaron con la reacción del Grupo PVC de la Confederación Española de Empresarios de Plásticos (ANAIP), que mostraron su satisfacción por la aprobación de una ley que no establece restricciones a ningún material.

El portavoz de los fabricantes de PVC, José Marí Sala, valoró muy positivamente el texto "porque se respetan los dos criterios marcados por la directiva comnitaria: por un lado se protege al medio ambiente y, por otro, se garantiza el libre comercio. De este modo, España se sitúa en la misma posición que los demás países de la UE, en donde no hay ni leyes restrictivas ni acuerdos voluntarios que limiten el consumo de PVC en envases alimentarios".

Asimismo, los fabricantes de este plástico apoyaron la creación de la comisión de expertos anunciada po la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, para verificar con criterios científicos si el PVC es o no peligroso para el medio ambiente.