La normativa aprobada por la UE, que según el Ministerio de Sanidad y Consumo coincide sustancialmente con la ley española de Ordnación del Comercio Minorista, obliga a la empresa vendedora a informar previamente sobre la identidad del proveedor y las caracterísiticas del bien o servicio, su precio incluidos los impuestos, los gastos que pueda originar y el plazo de validez de la oferta si la hubiera.

Además, concede al consumidor la posibilidad de rescindir el contrato durante siete días laborales, como mínimo, y aclara que cuando el comprador pague con tarjeta de crédito, éste podrá solicitar la anulación del pago, en caso deque sea utilizada de forma fraudulenta, y tendrá derecho al abono de las sumas entregadas.

La directiva prohibe suministrar bienes y servicios sin recargo previo y establece la necesidad de consentimiento por parte del consumidor para realizar ofertas mediante llamadas telefónicas o por fax.