La norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de mayo, incorpora al derecho interno español las últimas normas y métodos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de aeródromos de uso público.

Se aplicará a los aeropuertos y helipuertos en los que se realizan operaciones de transporte público, así como a los aeródromos utilizados por la aviación general, deportiva, de turismo y corporativa, siempre que se encuentren abiertos al uso público.

La nueva normativa tiene por objetivo establecer los requisitos técnicos de diseño y operación de los aeródromos de uso público en España y precisar las obligaciones de los gestores de los aeropuertos para la operación segura de las aeronaves.

Además, completa las diferentes normas y regulaciones en materia de aviación civil que se aplican a las aeronaves, sus operaciones, el sistema de navegación aérea y el personal aeronáutico.

Asimismo, añade un elemento de control adicional, al exigirse como requisito imprescindible de apertura al tráfico de transporte aéreo la certificación de los aeropuertos de interés general por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Para facilitar la adecuación de los aeropuertos existentes a la nueva norma, el real decreto prevé un periodo transitorio de siete años. AENA ha presupuestado en su Plan de Inversiones más de 230 millones de euros para la adecuación de sus aeropuertos.