La ley establece la transformación del ente público en la Corporación de RTVE, que se constituirá en el plazo de diez días desde que el Gobierno apruebe los estatutos sociales de la nueva entidad.

Hasta la elección de los nuevos consejeros, el máximo responsable será un administrador provisional único nombrado por la junta general de accionistas.

NEGOCIACIONES FINALES

El nuevo marco legislativo de RTVE deroga la Ley de 1980 del Estatuto de la Radio y la Televisión y es uno de los principales compromisos electorales de José Luis Rodríguez Zapatero en materia audiovisual.

La futura radiotelevisión pública estatal tendrá un presidente de la corporación (nueva figura, con las competencias del actual director general), elegido por el Parlamento y no por el Gobierno. RTVE continuará con el actual sistema mixto de financiación (presupuestos y publicidad) pero con una capacidad limitada de endeudamiento.

El Gobierno fijará sus aportaciones presupuestarias y sus objetivos de servicio público a través de un mandato-marco y un contrato-programa.

La entrada en vigor de la ley de la nueva RTVE coincide con el tramo final de las negociaciones entre la SEPI y la dirección del ente con los sindicatos en torno al Plan de Saneamiento del grupo.