Esta normativa regula por primera vez en España la actividad de entidades no financieras que ofertan créditos. La nueva ley impone a estas entidades obligaciones hasta ahora exigibles únicamente a las financieras.

Asimismo, articula un régimen jurídico específico al que quedan sometidas las empresas que realicen operaciones de intermediación, con particular detalle para los supuestos de reunificación de créditos o préstamos.

Según el Gobierno, las medidas que incluye la ley están dirigidas a mejorar la protección de la ciudadanía, ya que establecen un marco de transparencia y garantías de información que han de cumplir las entidades que se dedican a la actividad de concesión de créditos hipotecarios.

Estas empresas, al no ser entidades financieras, no estaban sometidas a la regulación vigente para este tipo de entidades ni a la supervisión del Banco de España, sino al marco de la legislación general de protección de los consumidores.

En cuanto a transparencia, la ley precisa la información precontractual que debe ofrecerse al cliente, al cual se le debe facilitar el contenido mínimo de los contratos al menos 15 días antes de su firma.