El Senado concluyó el pasado 21 de junio el trámite parlamentario de esta ley, después de que el Pleno de la Cámara Alta apoyara la norma con el voto a favor de todos los grupos, a excepción de IU.

La Ley de Capitalidad y Régimen Especial para Madrid reconoce la especificidad de la ciudad como capital del país, pero no incluye ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital.

La nueva norma obliga a las administraciones central, autonómica y local a crear en un plazo de seis meses una comisión para coordinar las políticas de las tres administraciones.

Además, reconoce al ayuntamiento la posibilidad de participar en infraestructuras estatales, como el aeropuerto de Barajas, Renfe y la Confederación Hidrográfica del Tajo.