Lo anunció hoy el Ministerio de Cultura en un comunicado, tras una reunión que mantuvo el titular de este departamento, César Antonio Molina, con los presidentes de las ocho grandes entidades de gestión de derechos intelectuales en España: SGAE, Cedro, DAMA y Vegap (autores); AIE y Aisge (artistas), y Agedi y Egeda (productores de música y cine).

Han transcurrido más de diez años desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que dictaminó que las actividades de control, inspección y vigilancia de estas entidades correspondían a las comunidades autónomas. Según Cultura, ha llegado el momento de hacer una "evaluación en su conjunto sobre la eficacia del sistema" y en ello han coincidido el Gobierno y las entidades.

Cultura ha propuesto que la que haga ese estudio sea la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

El Gobierno quiere que se examinen en concreto en un primer informe de preevaluación "las normas de reparto, los principios que rigen la asignación de derechos a cada obra o prestación y la efectividad con la que los titulares de derechos representados por cada entidad acceden a las cantidades que les corresponden". Las propias entidades de gestión se han comprometido a indicar aquellas áreas que también desean que sean analizadas.

Este informe de preevaluación será presentado, para su análisis y posibles sugerencias, en la Conferencia Sectorial de Cultura a las comunidades autónomas, aproximadamente al acabar el primer semestre de 2008. A continuación, se iniciaría la evaluación propiamente dicha, cuyo resultado sería público.

"COMO DELINCUENTES"

En la reunión de hoy, también se acordó que las entidades publiquen en sus páginas web sus auditorías, memorias de gestión y criterios de distribución de las cantidades recaudadas por copia privada "para mostrar la máxima transparencia en su gestión", agregó la nota de Cultura.

En el comunicado se señala además que el ministro de Cultura y los presidentes de las entidades "quieren trasladar la máxima transparencia a la opinión pública en la gestión de la propiedad intelectual".

Recuerdan que las entidades de gestión ya cuentan con controles en su actividad: primero, porque el Ministerio de Cultura autoriza y puede revocar su funcionamiento; segundo, porque las entidades realizan, a través de las correspondientes comisiones de control, la tarea de vigilancia de sus obligaciones, y en tercer lugar, están las auditorías independientes llevadas a cabo por mandato de sus Juntas Generales, de acuerdo con lo previsto en la ley. También se someten a la actuación fiscalizadora por parte de los órganos de defensa de la competencia.

Al término de la reunión, los presidentes de estas entidades comparecieron en una rueda de prensa conjunta en la sede de Cultura y explicaron que fueron ellos los que habían pedido un encuentro con el ministro después de las críticas de falta de transparencia a que se están viendo sometidos por culpa de la polémica del canon digital.

Según explicó Teddy Bautista, presidente de la SGAE, ambas partes se comprometieron a colaborar para transmitir a los ciudadanos que las entidades de gestión no tienen nada que ocultar.

"Parece que el Gobierno quiere realizar alguna campaña para comprobar si nuestros mecanismos funcionan debidamente y explicárselo a la opinión pública", apuntó Luis Cobos, presidente de AIE.

Bautista recordó que Cultura ya les ha hecho auditorías con anterioridad y siempre han salido limpios, y si no les han sometido a un mayor número es "porque no han querido o porque no han podido por la ley", pero eso no empece para que se ofrezcan a someterse ahora "a cualquier tipo de escrutinio".

Luis Cobos subrayó que detrás de las críticas de poca transparencia está sin duda el "lío mediático" que se ha generado por el canon digital, que ha servido a algunas instancias para acusar a las entidades de gestión de estarse enriqueciendo a cuenta de la remuneración por copia privada y de oscurantismo en sus balances contables.

Pilar Bardem, presidenta de Aisge, resumió el sentir de estos colectivos en los siguientes términos: "Parece que estamos ante un tribunal inquisitorial, al que tenemos que demostrar nuestra inocencia. Tenemos unas cuentas que cuadran y no porque sí, pero estamos como si fuéramos unos delincuentes teniendo que justificar que no robamos".

Durante la rueda de prensa, Bautista se refirió a la propuesta electoral de eliminación del canon digital que ha lanzado el líder del PP, Mariano Rajoy.

El responsable de SGAE aseguró que el PP tuvo dos legislaturas de gobierno para acabar con una medida antigua, pero "no lo hicieron porque el sentido común dice que es una medida que se aplica en 23 países europeos y que beneficia a todos".

"Si el señor Rajoy tiene la piedra filosofal para compensar de otra forma a los creadores por el lucro cesante de la copia privada, la estudiaremos con atención", indicó.