La reacción de Enresa se produce tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a través de na sentencia el cierre del almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de "El Cabri", situado en Sierra Albarrana (Córdoba).

Jorge Lang-Lenton señaló que la sentencia no tiene en cuenta la autorización de operación de "El Cabril" que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 1992 y que permite a "El Cabril" acoger residuos procedentes de centrales nucleares, ya que el proceso judicial se inició antes de esa fecha, en concreto en 1988.

La sentencia ordena que s cierre el "cementerio" nuclear al entender que actuó ilegalmente al recoger residuos procedentes de las centrales nucleares, algo para lo que no estaban legalmente capacitadas estas instalaciones, al menos antes de 1992.

Enresa entiende que la nueva autorización de operación que se aprobó en 1992 subsanó esa situación, por lo que las instalaciones de Sierra Albarrana satisfacerían así la exigencia de legalización que exige la sentencia.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria asegurarona Servimedia que este deparamento no ha decidido si recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, el letrado de la organización ecologista Aedenat, que inició el proceso judicial contra "El Cabril", el juez Rafael Sarazá, ha adelantado que exigirá la ejecución de la sentencia y que esta debe cumplirse al margen de que Industria recurra, por lo que de ser así el almacenamiento de residuos radiactivos debería clausurarse.

Lang-Lenton señaló por su parte que los traslados de reiduos procedentes de las centrales nucleares de Zorita, Garoña y Ascó que se efectuaron antes de 1992 se hicieron bajo autorización expresa del Ministerio de Industria.