Para la CLI, con la Lortad y la ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno podría dar un paso atrás con respecto a lo dispuesto en laConstitución. Según Rafael Fernández Calvo, de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI), "el artículo 21 de la ley de Seguridad Ciudadana, puesto en conexión con el 20.3 de la Lortad, puede dar lugar a una situación típica de un Estado autoritario".

Es decir, si un ciudadano es detenido y llevado a comisaría porque se olvidó de coger el DNI y, en sus declaraciones ante las fuerzas de seguridad, revela cuál es su religión o sus preferencias sexuales, por ejemplo, luego no va a poder suprimir esa nformación de los archivos policiales, ni siquiera a través del juez, según el actual proyecto de Lortad.

En caso de persistir en la actual postura, el Grupo Socialista estaría desoyendo el proyecto de directiva comunitaria que será aprobada previsiblemente en la segunda mitad de 1992, el dictamen del Comité Económico y Social de la Comunidad Europea y las recomendaciones de la XIII Conferencia Mundial de Comisarios de Datos, según la CLI, que ha basado en esos textos el grueso de sus propuestas.

En cambio, la Comisión de Libertades e Informática valora muy positivamente el contenido de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del PP, IU, CiU, CDS, EA y EE, "que recogen, e incluso amplían en algunos casos", lo esencial de sus propuestas.

Sin embargo, los portavoces de la comisión expresaron la esperanza de que, en el curso de la tramitación parlamentaria, la Lortad sea rectificada por el PSOE, máxime al tratarse de una ley orgánica que afecta a los derechos fundamentales de las ersonas.

Si, por el contrario, los socialistas no modificaran el texto actual, "no habrá limitación a los abusos de la informática", señaló Luis Otero, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, quien lo comparó al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, por cuanto ambos "pretenden modificar la Constitución".

QUE PASE DESAPERCIBIDO

"Entendemos que hasta ahora lo que está pretendiendo el Gobierno es que el tema pase lo más desapercibido posible, para que se produzca un vacío en cuanto a laconciencia social respecto a esta cuestión", afirmó Antonio Farriols, de UGT.

La CLI teme que el hecho de que la presentación de la Lortad en el pleno del Congreso sea el próximo día 30, el mismo que comenzará la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo, puede ocasionar que la escasa mentalización ciudadana sobre esta cuestión no crezca.

Los portavoces de la comisión señalaron que, no obstante, la concienciación social es mayor que hace un año y Farriols citó el ejemplo de la sección sindical de GT de Banesto, que está alertando a los trabajadores sobre los peligros de la tarjeta "Chip card", que quiere implantar la empresa con la excusa del control de acceso.

Por su parte, Fernández Calvo relató que el comisario de Protección de Datos de la isla de Man (Reino Unido) recibió en 1990 unas 800 denuncias, de las que más de 600 se debían a denegación de tarjetas de crédito y créditos como consecuencia de las informaciones que manejaban las entidades bancarias.

Pero el peligro no acaba ahí, sgún el representante de la Asociación de Técnicos de Informática, ya que las nuevas tecnologías, y no sólo la informática, si no son correctamente utilizadas, pueden atentar contra los derechos fundamentales de la persona.

Fernández Calvo citó el caso de las técnicas de detección genética de enfermedades, cuyos resultados en el caso de engrosar un banco de datos pueden indicar no ya las enfermedades que un individuo ha padecido o está padeciendo, sino las que presumiblemente puede tener en el futuro; nformación que puede costarle a un ciudadano, por ejemplo, que no le den un empleo.

En cuanto a las bases de datos privadas, al contrario de la indefensión de la persona en los ficheros públicos, las informaciones personales están en el proyecto presentado por el Gobierno "superprotegidas", incluso las no consideradas "sensibles", como el nombre y domicilio, a juicio de Elena Gómez, portavoz de la Asociación Española de Marketing Directo.

A las empresas se les exigen tantos permisos para poder eniar publicidad a los ciudadanos que Gómez vaticinó que, de no cambiarse la ley, el "buzoneo" (reparto indiscriminado de mensajes comerciales) podría generalizarse.