La nueva ley supone "un avance importantísimo", según indicó hoy, en una nota de prensa, la Confedeación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU).

Hasta ahora, cualquier acción judicial en defensa de derechos o intereses de los consumidores debía ser emprendida por los propios afectados, sus abogados y, si así lo acordaban, asesorados por una asociación de consumidores.

Sin embargo, la capacidad para llevar a la práctica esta nueva facultad dependerá de la fortaleza económica de las asociaciones de consumidores, requisito imprescindible para pleitear con fuetes grupos económicos, aspecto en el que los colectivos de consumidores, en general, son deficitarios.