La organización sindical subrayó que en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta "no se atienden adecuadamente las necesidades de las profesionales embarazadas que siguen trabajando en sus centro sanitarios, a pesar de los numerosos riesgos que acarrea su actividad profesional durante los meses de gestación”.

Según el Sindicato, las profesionales “se ven expuestas a diario a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física y la de sus futuros hijos e hijas”, y ponen como por ejemplo los posibles cortes, pinchazos, contagios, movilización de pacientes o manipulación de cargas.

Además, desde la entidad se criticó que las profesionales afectadas “encuentran problemas a la hora de ver concedido el permiso por riesgo en su embarazo, siendo generalizado el retraso en su concesión, entre otros motivos por las diferencias de criterio en cuanto a la semana de concesión o por la valoración del inspector del INSS o de la Mutua correspondiente, al no existir unos protocolos que fijen unas reglas uniformes”.

DEMORA Y DISCRECIONALIDAD

Satse destacó también que la concesión de este permiso por riesgo en el embarazo “suele demorarse en exceso”, con una variabilidad y discrecionalidad significativa según el servicio donde se trabaja (UCIs, Urgencias, etc.). Añadió, además, que se detecta "un trato es diferente según la gerencia o centro sanitario, incluso dentro de la misma comunidad autónoma".

Por otra parte, se denunció la inexistencia generalizada de puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación. Por ello, el Sindicato de Enfermería exige que en las mesas de negociación que haya una normativa clara “que acabe con la arbitrariedad existente según el centro de trabajo y las comunidades autónomas”.

Otro aspecto que debe regularse es cómo se gestiona la adaptación del puesto para estas trabajadoras, tras la comunicación voluntaria de la profesional embarazada, ya que “es el servicio de prevención correspondiente el que presenta una evaluación y la recomendación de la adaptación de puesto”, concluyó Satse.