En un comunicado remitido por CEOE, Feteia insta a las autoridades portuarias afectadas a que denuncien a los responsables de los daños ante la Fiscalía, dado que "entendemos que no nos encontramos ante una situación que encaje dentro del Derecho Constitucional de huelga, sino que se trata de un bloqueo de instalaciones logísticas de interés nacional".

Ticó añade que "esta situación no sólo es negativa para los intereses de la comunidad logística en general, y de los transitarios en particular, sino que afecta negativamente a la imagen internacional de España desde otros puntos de vista, como el turístico".

La Federación de Transitarios ha recomendado a sus asociados que se dirijan a las respectivas autoridades portuarias para que actúen en este sentido y que, de ser posible, eviten el bloqueo utilizando otras instalaciones logísticas alternativas (puertos secundarios, ferrocarril, carretera...).

Por su parte, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) entiende que "las indudables dificultades por las que atraviesa el sector pesquero, agravadas en este momento por la subida de los precios del gasoil, deben resolverse en las mesas de negociación pertinentes y no trasladarse al resto de los sectores importadores y exportadores de nuestra economía".

La CEV "alerta de que la paralización de la actividad portuaria afecta a la practica totalidad de la actividad económica y supone un grave perjuicio para nuestra economía. El bloqueo que sufren los puertos valencianos se traduce en perdidas irreparables, sobre todo de productos perecederos, y puede dar lugar a cuantiosas reclamaciones económicas posteriores".