El sistema articulado por el Gobierno consiste en que las empresas puedan diferir el pago de sus declaraciones del Impuesto de Sociedades y de la Renta, en la cuantía que resulte de multiplicar quince millones de pesetas por el empleo que se produzca.

Las condiciones exigidas son que esas inversiones generen empleo en la empresa respecto al año anterior a hacerlas, con un plaz para crear esos puestos de trabajo de dos años, y la obligación de mantenerlos durante otros dos años más.

También se ha fijado un sistema de penalizaciones en el caso de que se incumplieran estas condiciones de aumentar o mantener la plantilla en el período citado. En ese supuesto, el beneficiario debería ingresar la cuota íntegra que se hubiera deducido de ambos impuestos, más los intereses de demora correspondientes.

Según el Gobierno, la medida forma parte de las resoluciones aprobadas en elúltimo debate sobre el estado de la nación, "contribuirá a la mejora de la situación financiera de las empresas y facilitará la adopción de decisiones de inversión y empleo".