Así lo recoge un real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que contempla “medidas excepcionales” sobre el etiquetado de alimentos y que permitirá a las empresas “reetiquetar” productos cuya composición se haya “reformulado” mientras la disponibilidad de determinados recursos “esté comprometida por razones de aprovisionamiento”, según precisó el Ministerio de Consumo en un comunicado.

De este modo, los operadores podrán, por tanto, utilizar etiquetas o pegatinas adhesivas, impresión por chorro de tinta u otros sistemas “equivalentes” y el “requisito obligatorio” es que “recojan la información actualizada relativa a los ingredientes que reemplacen a los utilizados anteriormente”.

Con la entrada en vigor de esta norma, las compañías tendrán también que anular la declaración del ingrediente que haya sido sustituido, tanto en la denominación de venta como en la lista de ingredientes y seguirá siendo obligatorio reportar en todas las etiquetas la presencia de alérgenos.

Según Consumo, el objetivo es “evitar” cualquier información o elemento gráfico “que pueda inducir a error” a los consumidores sobre la composición real del producto y que los cambios que se produzcan en las etiquetas “sean fácilmente visibles y legibles”.

El Gobierno permitirá que operadores y minoristas puedan utilizar instrumentos “complementarios” a la sobreimpresión de las etiquetas, como códigos QR, páginas web o carteles en el establecimiento de venta para transmitir qué información se ha modificado, si bien los mismos “en ningún caso sustituirán a la información obligatoria facilitada en el etiquetado”.

El departamento de Alberto Garzón ya anunció el pasado 17 de marzo medidas “excepcionales” destinadas a “facilitar” el “reetiquetado” de los productos “afectados" por el descenso en las importaciones de aceite de girasol y, según el gabinete de Consumo, el Gobierno ha “reforzado” la “protección y garantías de seguridad alimentaria” de los consumidores “en previsión de que, en los próximos meses, esta circunstancia pueda afectar a otras materias primas”.

Estos cambios en el etiquetado fueron “avalados” por la Comisión Europea el pasado 18 de marzo a través de una comunicación a los Estados miembro, en aplicación del Reglamento (UE) 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor.