A este proceso, que estará vigente hasta el 7 de mayo,podrán acoger los trabajadores extranjeros irregulares que hayan llegado a España antes del 7 de agosto de 2004 y que acrediten la firma de un contrato.

Será el empleador o empresario el que presente la documentación necesaria ante las instancias administrativas, en donde deberá presentar el certificado de antecedentes penales, el empadronamiento del inmigrante como mínimo seis meses antes y un contrato de trabajo, con carácter general, de seis meses.

También por primera vez, a diferencia de otros procesos de legalización, se van a examinar los antecedentes penales en el país de origen de los extranjeros que pretendan acogerse a la normalización.

La existencia de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular ha llevado al Gobierno a establecer, como medida excepcional y previa a la aplicación del régimen ordinario del reglamento, este proceso de normalización para que puedan ser contratados legalmente los trabajadores extranjeros que ya se hallan en nuestro país.

No obstante, el artículo 45.2 del reglamento, que permitirá la regularización de los inmigrantes irregulares a través del arraigo laboral, no entrará en vigor hasta el próximo 7 de agosto.

"GRAN CONSENSO"

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de diciembre esta normativa "con el aval de todos los organismos consultados" y con un "gran consenso", según afirmó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Este real decreto es la norma de extranjería que ha conseguido un mayor grado de consenso, según el Gobierno, ya que ha sido redactado contando con los más de 4.000 folios de aportaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales.

Además, ha sido acordado con los agentes sociales en la Mesa de Diálogo Social y tiene el apoyo de la gran mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria -todos salvo el PP- y del Foro de Integración Social de los Inmigrantes.

El nuevo reglamento supone, según el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, la primera oportunidad para materializar normativamente un cambio de orientación en la política migratoria.