Así lo anunció hoy Rafael Romero, presidente de la Federación de Entidades de Empresrios de Cine de Andalucía y de la federación nacional, quien subrayó que otras federaciones regionales podrían sumarse a esta protesta tras una sentencia del Tribunal Supremo "que avala nuestros argumentos".

Romero presentó a la prensa una sentencia del Alto Tribunal que, según dijo, obliga a la SGAE a acreditar el vínculo jurídico que les une con sus asociados a la hora de reclamar el pago de derechos de autor.

Según los empresarios de cine, las entidades que gestionan los derechos de autor, amprándose en el artículo 145 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, podían reclamar a los cines el pago de los derechos de autor sin tener que acreditar previamente el vínculo jurídico que le une a sus representados.

El fallo del Supremo estima parcialmente el recurso presentado contra este texto por los empresarios andaluces y anula, "por contrario a derecho", el último párrafo del artículo 145. La resolución implica, según explicó Romero, que las entidades de gestión deben demostrar e vínculo jurídico que les une con sus representados.

"Los empresarios de cine reconocemos los derechos de autor derivados de la Ley de Propiedad Intelectual y no nos negamos a pagarlos, pero no estamos dispuestos a que nos quieran cobrar dos veces por el mismo concepto", explicó Romero.

Como ejemplo puso lo ocurrido con la película "Cascabel", actualmente en cartelera. "La Sociedad General de Autores (SGAE) ha reclamado el pago de los derechos correspondientes, pero los titulares no son ellos, sio otra entidad que se llama DAMA. Los empresarios no podemos pagar dos veces por lo mismo", subrayó.

"INTERPRETACION TENDENCIOSA"

Sin embargo, la SGAE hace una lectura de la sentencia totalmente opuesta a la que ofrecen los empresarios de cine. "Es una interpretación tendenciosa, porque lo significativo es que la sentencia refrenda una vez más la legitimación de la SGAE para representar a sus miembros sin necesidad de acreditar la representación de todos y cada uno de ellos", señalan fuentes de la SAE consultada por Servimedia.

Desde la SGAE se asegura que los empresarios de cine, al igual que los hosteleros, intentan "colapsar los procedimientos jurídicos y hacer imposible la gestión colectiva de los derechos de autor".

"De la sentencia", añade la SGAE, "se desprende que los cines están obligados a seguir pagando los derechos de autor, ya que de lo contrario harían un flaco favor a los autores y a la cultura española".

Respecto a lo sucedido con la película "Casacabel", la SGAE quieredejar claro que es el único caso en el que se ha producido un "error humano y material", ya que "las entidades de gestión no reclaman por duplicado el pago de los derechos de autor".