El informe señala que existe la base legal suficiente para sustentar la obligación del suministro a los usuarios minusválidos, aunque la normativa que regula el sector de hirocarburos no contempla este supuesto.

La propia Constitución española prohíbe cualquier discriminación y ampara especialmente a los discapacitados físicos. La Ley 12/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, otorga este amparo a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social.

El informe del Instituto Nacional de Consumo también se basa en la Resolución 3447 de las Naciones Unidas promula la declaración de derechos de los minusválidos. Y en la misma línea, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece previsiones en relación con las situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión de estos.

En cuanto a movilidad y barreras arquitectónicas, la Ley de Integración Social de los Minusválidos dispone que la construcción, ampliación y reforma de edificios públicos o privados con concurrencia de público se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizbles a los discapacitados.

Por su parte, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que las Administraciones públicas con responsabilidad en materia de consumo "adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse el consumidor o usuario", ya sea individual o colectivamente.

Según indica el informe, el régimen de autoservicio establecido por numerosas gasolineras fora parte de la libertad empresarial, pero ello requiere del "adecuado equilibrio" y mesura entre las prestaciones de ambas partes . Esto supone que las gasolineras no pueden imponer exigencias desproporcionadas, que en el caso de los discapacitados físicos "les dificultarían el acceso a los bienes suministrados".

El Instituto Nacional de Consumo valora asimismo el hecho de que los combustibles líquidos son "sustancias fácilmente inflamables y que su manejo, a través de mangueras de surtidores, requierecierta pericia y cuidado".

Además, este tipo de estaciones de servicio no están totalmente automatizadas, por lo que cuentan con uno o varios empleados, "que pueden ocuparse de suministrar carburante a los usuarios con algún tipo de minusvalía".

DISCRIMINACION

En el caso de que este tipo de gasolineras se nieguen a que sus empleados se encarguen de suministrar carburante a los usuarios minusválidos, el informe recuerda que la negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor se cosidera infracción siempre y cuando éstas se produzcan de buena fe y "cuando su satisfacción esté dentro de las posibilidades del vendedor", según se recoge en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las sanciones en materia de consumo y producción agro-alimentaria.