Así lo anunció a los medios la ministra, que participó en el pleno de este órgano consultivo para explicar las principales líneas de su departamento en el ámbito migratorio.

Según Saiz, el objetivo de este encargo es “disponer de evidencia científica para la elaboración de políticas públicas” que “nos permitan avanzar hacia una regulación migratoria regular y segura”.

Entre otros aspectos, explicó, dicho informe deberá abordar un análisis de los flujos migratorios en Europa y España, los impactos económicos y sociales de la migración y el papel y las responsabilidades de las distintas administraciones públicas en la gestión migratoria, apuntó.

A su juicio, “la perspectiva del CES será de gran ayuda para estudiar las necesidades y previsiones relacionadas con las migraciones, con la prioridad de lograr una migración regular y segura”.

NUEVO REGLAMENTO

Ante el pleno, Saiz detalló la nueva reforma del Reglamento de Extranjería, que se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio y a la legislación europea, además de “tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos del país”.

“El Reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: la formación, el empleo y la familia”, aseguró. Estas llaves “nos llevan a la inclusión”, señaló, pero “siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos”.

Asimismo, la ministra se refirió al Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que incluirá una serie de áreas clave de actuación, como la acogida y defensa de derechos humanos, la promoción económica y empleo, y la igualdad de trato. Además, apoyará sectores específicos como la infancia, juventud, género o comunidad Lgtbiq+.

“La política migratoria del Gobierno es transversal, y la que compete a este Ministerio está absolutamente volcada en la integración de las personas una vez que llegan aquí”, dijo. También lo está “en combatir los catastrofismos con información veraz”, agregó la ministra.

COSTE DE LA DISCRIMINACIÓN

En sus declaraciones a los medios, Saiz indicó que ha expuesto “dos datos muy relevantes” sobre migración. El primero “es muy positivo”, prosiguió, y tiene que ver con que “la filiación extranjera a la Eeguridad Social no para de crecer”. El último “resulta francamente negativo, pues hemos puesto cifras al coste educativo y laboral del racismo y la xenofobia”.

Según el informe sobre el impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera en España en 2022 encargado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), el coste de dicha desigualdad fue de 17.000 millones de euros (un 1,3% del PIB) en 2022.

De ahí los esfuerzos del Ministerio por combatir el racismo y la xenofobia. “Retomando las palabras del presidente Sánchez, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Hemos elegido lo primero”, concluyó.