Según explicó hoy en Toledo el consejero portavoz, Emiliano García Page, este acuerdo responde "a un nuevo impulso ético del Ejecutiv regional dentro de la persistencia en profundizar en la transparencia y la austeridad de los servicios públicos".

El Gobierno castellano-manchego aprobó ya en mayo de este año una ley de transparencia y control de los intereses privados de los gestores públicos, que sustituyó y amplió al decreto aprobado en 1983 sobre el registro de intereses de altos cargos.

El acuerdo adoptado ahora por el Ejecutivo autonómico afectará a los representantes de la Junta en las empresas Sodicaman y Gestur, así coo en las confederaciones hidrográficas y en las cajas de ahorro.

El consejero portavoz negó que esta medida se haya adoptado por el conocimiento de cobros indebidos y recalcó que "esta iniciativa del Gobierno no responde a un mandato legal, sino al compromiso moral de exigir una total transparencia a los gestores públicos".

García Page, que calificó la decisión de simbólica y significativa añadió que "esta medida debería ser imitada por los responsables de otras administraciones que se hartan de ablar de transparencia para luego no hacer nada".