Los responsables populares creen que es posible crear el Ministerio de Medio Ambiente sin incrementar el gasto público ni el número de funcionarios, para lo cual sería necesario gestionar mejor los recursos actuales y reagrpar los distintos organismos de la Administración central con competencias ambientales.

Según los datos que maneja el PP, los más de 30 organismos de la Administración central dedicados a actividades relacionadas con el medio ambiente y dispersos entre diversos ministerios gastaron en 1992 más de 250.000 millones de pesetas.

Además, la formación política liderada por José María Aznar incluirá como propuesta programática la reforestación de 200.000 hectáreas anuales y la elaboración de un programaque compagine la conservación de los suelos con la producción maderera.

También considerará prioritario la protección de las aguas continentales a través de la instalación de medidas correctoras que promuevan la depuración de las aguas residuales de municipios e industrias.

POLITICA HIDRAULICA

Para ello, los populares adquieren el compromiso de aplicar con rigor la Ley de Costas en materia de vertidos y de construir las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar no sólo el abasteciiento, sino también la calidad del agua.

En materia de espacios protegidos, aseguran que incrementarán la superficie protegida con la figura de parque nacional, hasta situarla en 500.000 hectáreas, y que prestarán especial atención a la restauración de los hábitats poblados por especie en peligro de extinción.

El programa popular también defenderá la reducción de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades y la defensa del patrimonio arquitectónico en las áreas urbanas, que sufre las conecuencias negativas de la contaminación atmosférica.

No obstante, el PP coincide con el Gobierno al señalar como principales problemas ambientales del país a la erosión, los incendios forestales y la contaminación de las aguas, especialmente por el vertido indiscriminado de residuos tóxicos y peligrosos.

Sin embargo, no especifican qué sistema de tratamiento es el adecuado para los residuos tóxicos y peligrosos, industriales y clínicos, limitándose a señalar que la Administración central debe implsar, dentro del ámbito de competencias de cada Administración, la instalación de plantas de tratamiento.