ELECCIONES 93. EL CDS PROPONE LAS LISTAS ABIERTAS COMO FORMULA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Las listas abiertas, el establecimiento del jurado, el rechazo al delito de difamación, el arbitraje privado y la elección de los miembros del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo a propuesta de las asociaciones y los colegios profesionales, son las principales propuestas del CDS para el fortlecimiento de la sociedad civil.
El presidente de la formación centrista, Rafael Calvo Ortega, que hoy las dio a conocer en una rueda de prensa, aseguró que con ellas se evitaría que la sociedad civil española esté bajo la presión de los partidos políticos dominantes, situación que se da en la actualidad.
Calvo Ortega hizo hincapié en la necesidad de establecer las listas abiertas en los procesos electorales, como forma de garantizar una participación más directa de los ciudadanos en la vida demorática.
El dirigente centrista ironizó que los españoles son muy aficionados a tachar, sobre todo cuando juegan a la bonoloto o a las quinielas, por lo que estarían encantados de tachar a los candidatos que no cuenten con su confianza.
Otra reivindicación del CDS es la elección de miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de RTVE, Tribunal de Cuentas, Gobernador del Banco de España y Defensor del Pueblo, a propuesta en número superior de instituciones, univrsidades, asociaciones representativas y colegios profesionales.
REPARTO DE PODER
Según Calvo Ortega, el fortalecimiento de la sociedad civil pasa necesariamente por abrir a los ciudadanos las instituciones del Estado y evitar que los partidos puedan instrumentalizarlas, preocupándose tan sólo de repartirse sus cuotas de poder.
A su juicio, la mejor manera de que estos órganos sean completamente objetivos y neutrales es que sus miembros sean elegidos después de consultar con los colegios y asocaciones profesionales, que son las que conocen mejor la valía, el prestigio y la independencia de los aspirantes.
Por otro lado, Calvo Ortega defendió la necesidad de extender el arbitraje privado para luchar contra la lentitud de la justicia y la acumulación de pleitos pendientes.
"Los litigantes", añadió, "quieren que en 20 días les digan quién tiene la razón, sin tener que esperar hasta 5 años, porque esto lesiona los intereses de ambas partes".
(SERVIMEDIA)
11 Mayo 1993
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