Tras conocerse el informe definitivo del CGPJ el pasado jueves, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, declaró que el Ejecutivo sigue decidido a aprobar el proyecto y lo llevaría al Consejo de Ministros de esta próxima semana, porque considera que es una buena ley, “solvente” desde el punto de vista jurídico y "respetuosa" con la Constitución y las competencias autonómicas.

“La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género. No nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda”, escribió la ministra en redes sociales.

Sánchez insistió en que el informe del Poder Judicial es únicamente preceptivo, no vinculante, y lo que va a hacer el Gobierno es mandar el proyecto a las Cortes, abierto a mejorarlo con aportaciones de los grupos parlamentarios.

El informe del CGPJ concluye que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".

SIN FISURAS CON PODEMOS

Para la ministra, el Poder Judicial solo tenía que pronunciarse en concreto respecto a tres preceptos del proyecto relacionadaos con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Raquel Sánchez ha dado garantías de que “no va a haber ninguna fisura” en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, a cuenta del futuro de esta ley, “como no la ha habido estos días". “Quiero dar un mensaje de unidad y firmeza en la defensa de este texto que ha presentado el Gobierno en su conjunto”, remarcó.

La tramitación del anteproyecto de ley que este martes puede ver ya la luz como proyecto fue impulsada por el Gobierno el pasado mes de octubre, tras meses de desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos para acordar esta normativa, cuando finalmente llevó el texto al Consejo de Ministros.

El Gobierno no ha podido cumplir con su compromiso de aprobar la Ley de Vivienda antes de que finalizara el año 2021, ya que el texto estaba pendiente de recibir el informe preceptivo del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), aunque dicho pronunciamiento no fuera vinculante.

Entre las medidas integradas en el proyecto, el Gobierno establece hasta cuatro modalidades de beneficios fiscales para pequeños propietarios. Este sistema de beneficios fiscales bonificará en un máximo del 90% la renta que ingresen los propietarios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siempre y cuando bajen el precio del alquiler en un 5% en zonas “tensionadas”.

El segundo tramo de incentivos incluido bonificará con un 70% a aquellos propietarios que alquilen su vivienda por primera vez en una zona “tensionada” y la arrenden a inquilinos de entre 18 y 35 años. También recibirán este incentivo fiscal los dueños de inmuebles que destinen su vivienda a alquiler social con un precio inferior al establecido en el programa de ayudas al alquiler del plan estatal de vivienda.

Asimismo, los propietarios que rehabiliten su vivienda podrán optar a una bonificación del 60%. Por último, quienes no cumplan con ninguno de los requisitos anteriores podrán acceder a un incentivo fiscal del 50% solo por alquilar su vivienda en una “zona tensionada”.

El texto especifica que se deben cumplir dos requisitos para que un barrio o zona residencial sea calificada como “tensionada”. Por una parte, la renta media mensual de la unidad de convivencia destinada al coste de la hipoteca o del alquiler, además de los gastos propios de la vivienda –luz, agua, telecomunicaciones–, ha de superar el 30% de los ingresos medios de los arrendatarios.

Asimismo, el precio de compra o alquiler de la vivienda debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado de, al menos, cinco puntos porcentuales por encima del índice de precios (IPC) de la comunidad autónoma.

Si se cumplen ambas premisas, la zona podrá ser declarada como “tensionada” durante los siguientes tres años, un plazo que podrá prorrogarse cuando “subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para revertir o mejorar la situación”.

Más allá de los beneficios fiscales, las comunidades autónomas –que son las responsables de aplicar todas estas medidas cuando así lo consideran– tendrán la potestad de formular medidas que congelen los precios ofertados por los grandes tenedores en las zonas “tensionadas” para así facilitar el acceso a la vivienda.

OPOSICIÓN DEL PP

El PP ya ha anticipado que no aplicará estas medidas en las comunidades en las que gobierna, lo que afectaría a más de 21 millones de personas. No obstante, si desde el principal partido de la oposición modifican su postura podrán obligar a los grandes tenedores a colaborar para favorecer al incremento de la oferta de alquiler asequible.

Además, una vez entre en vigor el nuevo índice de precios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los grandes propietarios no podrán alquilar sus viviendas por encima de los umbrales fijados en esta estadística. De todos modos, la cartera dirigida por Raquel Sánchez estima que esta herramienta no estará disponible hasta dentro de 18 meses, por lo que no se congelarán precios bajo estos principios hasta la primavera de 2024.

Pese a lo señalado anteriormente, el texto aprobado incluye una serie de excepciones que permitirán a los grandes tenedores subir el precio del alquiler en zonas “tensionadas” en un máximo del 10%. En concreto, podrán aumentar el coste del alquiler cuando realicen una rehabilitación de su vivienda dos años antes de firmar un nuevo acuerdo o cuando sellen un contrato de arrendamiento por un periodo de diez o más años.

VIVIENDA SOCIAL

Por otro lado, el texto, que introduce medidas de protección a familias vulnerables en caso de desahucios, impulsará la creación de vivienda social, ya que dotará a las comunidades autónomas de las herramientas necesarias para garantizar que hasta el 30% de las nuevas promociones de vivienda se destinen a una reserva sujeta a un régimen de protección pública que, “al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda”.

En paralelo, prohíbe por ley vender vivienda pública en, al menos, 30 años. En caso de hacerlo, se deberá justificar dicha venta y devolver todas las concesiones públicas recibidas. Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar la presencia de la vivienda social dentro de la oferta inmobiliaria, ya que considera que su representación es “insuficiente”.

En concreto, España cuenta con 290.000 viviendas sociales, que “apenas” ofrecen cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que existen en España, lo que contrasta con los porcentajes registrados en algunos de los principales países del entorno, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos Austria o Dinamarca; todos ellos por encima del 15%.