En un comunicado, la organización pide que se lleve a cabo una investigación "sin demora" para aclarar y fundamentar los motivo del cierre del diario y la detención de 10 personas, decretada por el juez Del Olmo el pasado 20 de febrero.

Esta organización, que condena "sin reservas" los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA, considera que el poder judicial tiene la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas y necesarias para proteger la vida y la integridad.

"No obstante", advierte, "un acto tan grave como el cierre de un periódico y la detención de quienes participan en su producción tiene consecuencia claramente perjudiciales para el derecho fundamental a la libertad de expresión. Por ello, es imperativo que la investigación judicial que se lleve a cabo al respecto sea inmediata y exhaustiva".