El secretario general del Consejo de Universidades, Vicente Ortega, presenó hoy formalmente el borrador del plan a los representantes de las 17 comunidades autónomas, como la víspera lo hizo a los rectores.

Según informó hoy el propio Ortega al término de la reunión, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias figuraron entre las comunidades que ven con reparos el tener que compartir determinados gastos con el Gobierno para acabar con la precariedad de los profesores contratados.

Ortega explicó que hay comunidades que creen que la universidad es un "servicio público esencal" cuya gestión financiera más reciente corresponde al Estado.

El director general de Universidades de Andalucía, José Luis Pino, reconoció al término del encuentro que su comunidad figura entre las que tienen reservas. A su juicio, si el Gobierno central no hace un esfuerzo presupuestario "adicional" y aporta más recursos a las comunidades, éstas difícilmente podrán aceptar la cofinanciación.

Pino agregó además que la reunión fue "muy poco productiva" porque el Ejecutivo no precisó ni la cuantí de la financiación ni los plazos temporales que se barajan para la ejecución del plan.

Vicente Ortega también admitió que algunas comunidades habían pedido al Gobierno que sea "prudente" con el plan a la hora de decidir el número de profesores que se beneficiarán de las mejoras, porque si la cifra se dispara, les puede desequilibrar sus futuras políticas de plantillas.

Pese a estas cuestiones, el secretario general de Universidades destacó la "buena voluntad" que ha encontrado en las comunidades dado que las reservas planteadas provienen de regiones gobernadas por partidos de distinto signo político, y toda vez que la financiación del plan es un asunto "complicado". Puso como ejemplo que ninguna comunidad se opone a que se renueven los contratos a los profesores asociados a tiempo completo.