Según aseguró STES en un comunicado, el Gobierno ha remitido a las direcciones provinciales una circular interna en la que indica que cualquier sustitución debe contar con la autorización expresa de Madrid.

Para STES, la no sustitución del profesorado de baja y la obligatoriedad e mantener la escolarización del alumnado de enseñanza obligatoria hace que en numerosos centros se tengan que paralizar programas educativos, así como una sobrecarga de trabajo para el profesorado.

En opinión de la confederación, el Ministerio de Educación ha optado por el ahorro presupuestario a costa de la calidad de la enseñanza pública, "con el objetivo de continuar desprestigiando el servicio público de la educación como forma de intentar justificar su política privatizadora".