Según este principio, se establece que un libro debe tener el mismo precio, cualquiera que sea su punto de venta, basándose en el reconocimiento de que todos los ciudadanos deben tener garantizadas las mismas condiciones de acceso a una obra.

El Tratado de Roma y diversas sentencias de los Tribunale de la CE reconocen al libro un carácter cultural específico como producto cultural, por encima de su carácter mercantil, y once países comunitarios protegen en sus legislaciones los derechos de los ciudadanos a una igualdad de oportunidades culturales y garantizan la difusión libre de la cultura escrita.

Las organizaciones firmantes del comunicado manifiestan su sorpresa por la "política de hostigamiento contra la normativa vigente en defensa del comercio del libro por parte de algunas entidades comeciales".

Según el manifiesto, estas tiendas "respetan, sin embargo, esta norma en su país de origen, Francia, cuyo gobierno y estamentos culturales se han destacado en la defensa del precio fijo como instrumento de garantía de la difusión cultural".