Así lo manifestó la institución colegial durante el IX Seminario Ibérico de Economistas, organizado por las corporaciones de economistas de España y de Portugal, el CGE y la Ordem dos Economistas de Portugal.

En este encuentro, los economistas pusieron en valor el “esfuerzo” realizado en los presupuestos generales portugueses para intentar contener el déficit –del 1,3% del PIB en 2022 a una previsión de alrededor del 0,7% del PIB para 2023– y la deuda pública –del 115% del PIB en 2022 a un 110% del PIB para el año que viene–, así como las medidas que ha implementado el país vecino con objeto de paliar los efectos de la inflación.

EN concreto, valoraron que se haya alcanzado un pacto de rentas que contempla un aumento salarial del 5,1% anual y una subida de las pensiones en torno al 4% de media, al tiempo que ensalzaron que traten de “aliviar” la pérdida de poder adquisitivo de las familias, deflactando todos los tramos de renta en el mismo porcentaje que está previsto que aumenten los salarios (5,1%).

Los economistas contrapusieron estas cifras con los presupuestos españoles, que estiman un déficit para 2023 de alrededor de un 4% y una deuda que “muy probablemente” superará el 115%, “lo que nos puede colocar en una situación muy comprometida en el medio plazo”.

No obstante, los economistas españoles sí alabaron ciertas medidas de los presupuestos españoles, entre ellas, las partidas para financiar políticas destinadas al comercio, el turismo y las pymes –que introducen un aumento del 5,5% respecto de 2022–, así como el incremento del gasto en infraestructuras que se triplica para 2023, por su incidencia para la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo de España.

“Nuestros vecinos portugueses están blindándose de cara a un próximo endurecimiento de las reglas fiscales por parte de la UE”, declaró el presidente del CGE, Valentín Pich, quien avisó de que “en nuestro país el escenario es bien diferente, con una previsión de déficit y deuda elevados; un pacto de rentas que parece no llegar nunca –y del que ya han quedado excluidas las pensiones–; y con una negativa del Gobierno a deflactar el IRPF”.

A ello, según Pich, “hay que sumar la creación de nuevas tasas –a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas– que pueden desincentivar la inversión, manteniendo además impuestos obsoletos como el de patrimonio”.

ENERGÍA

Durante el seminario, los economistas de España y de Portugal subrayaron la importancia que para la península ibérica puede tener el ‘Plan Repower EU’ que contempla inversiones de 210.000 millones de euros con el objetivo, entre otros, de fomentar las interconexiones energéticas entre estados miembros para compensar los desequilibrios entre déficits y superávits de los Estados, y estableciendo precios de intercambio “razonables”, lo que a juicio de los economistas beneficiaría a gran parte de los sectores productivos y a particulares de ambos países, y paliaría los efectos “isla energética” de baja interconexión de la península con Europa.

En cuanto al estado de los corredores de transporte Atlántico y Mediterráneo, durante la sesión se hizo hincapié en la importancia para las economías lusa y española de ambas vías de conexión con el resto de Europa. Un objetivo sobre el que ha puesto el foco Europa dentro de su Mecanismo Conectar Europa y que prevé ayudas europeas para ambos corredores entre 2021 y 2027, según detalló el CGE.

En este sentido, los intervinientes pusieron en valor la dotación de más de 3.000 millones de euros para ambos corredores, a dividir entre uno y otro en partidas similares, contemplada en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de España. Asimismo, sobre la posibilidad de unir los corredores Atlántico y Mediterráneo, los expertos coincidieron que ello incrementaría la capacidad competitiva de las empresas lusas y españolas, así como su potencial exportador con el espacio económico europeo. No obstante, advirtieron de que esta es todavía una posibilidad “remota”.