Así lo indicaron el presidente del Grupo Social Lares, José Luis Pareja Rivas; la responsable del Área de Proyectos de Lares, Soraya Herrera Herrera, y el codirector general de la cooperativa Suara, Tomàs Llompart i Coll, en el transcurso del diálogo sobre 'La Economía Social de los Cuidados', celebrado en Servimedia mientras todos los partidos con representación en el Congreso firmaban el acuerdo para tramitar la nueva proposición de ley que aspira a mejorar la calidad de vida de las personas con ELA.

En el transcurso de su alocución, Pareja Rivas puntualizó que se trata de una enfermedad “tremendamente dura” porque quien la padece “es consciente de todo lo que le está pasando”, convencido de que, además, “no siempre” un centro residencial que puede disponer de “más o menos fórmulas para atender a personas que tienen otro tipo de patologías”, será “el mejor” para satisfacer las necesidades de estas personas.

Por esta razón, reconoció que “muchas veces” dichos centros están obligados a “prepararse y adaptarse también a la situación en la que actualmente nos encontramos” en función de las necesidades, teniendo en cuenta, además, que el “paradigma” de la atención y los cuidados “ha cambiado de una manera drástica y radical”.

A este respecto, estimó que, “lo importante” es que los políticos “son bastante lentos a la hora de hacer las cosas”, si bien se mostró consciente de que “lo que no podemos es no tener un ámbito regulador, que es importante”, pese a que “un ámbito regulador sin dotación de contenidos tampoco sirve”.

INTERESES E IDEOLOGÍAS

Junto a ello, denunció los “intereses” que “muchas veces subyacen por debajo incluso de las propias ideologías” y llamó a hacer una “reflexión” para analizar también “en qué momento cultural nos encontramos y a partir de ahí proyectar”.

En este punto, se preguntó “qué diferencia” a un enfermo de ELA, una persona que tiene una demencia frontotemporal o una persona con Alzheimer, “cuando precisan y necesitan atención y cuidado”, consciente de que la respuesta está en “el recurso”.

“¿Cómo estamos actualmente para poder atenderlos? Esa es también la responsabilidad que tenemos nosotros como entidades, como patronales, pero también, por supuesto, nuestros responsables políticos”, sentenció, al tiempo que confesó su necesidad de “intentar atemperarse ante la inactividad o quizás la lentitud” de la clase política ante “cuestiones” que “tienen que resolverse rápido” y frente a las que observa “falta de voluntad”.

En este contexto, aseveró que, a quienes han “estado padeciendo situaciones tan traumáticas en primera línea de trinchera” lo que les “da ya cierto nerviosismo es la lentitud y el ‘vuelva usted mañana o espérese y ya veremos a ver si…’”. “No, necesitamos respuestas contundentes, claras y precisas y todo lo demás es echar un rato”, concluyó.

O HAY RECURSOS, O NO VAMOS A NINGUNA PARTE

En la misma línea, Llompart i Coll aseguró que “está muy bien” que se haya alcanzado ese acuerdo para desbloquear la ley, pero subrayó que, “o hay recursos, o no vamos a ninguna parte”.

“Al final, cualquier política o cualquier decreto sin la concreción y sin los recursos es un brindis al sol; son voluntades, pero cuesta”, apostilló, sabedor de la relevancia de “adaptar los recursos a lo que la sociedad necesita”.

Por último, en relación al movimiento social que ha hecho posible avances normativos como la futura ‘ley ELA’, recordó que la “mayoría” de las entidades o empresas de la economía social vienen de estos movimientos familiares y sociales, que “crearon una serie de recursos hace unos años cuando nadie hablaba de estos recursos” y que, sin embargo, “cada vez son más necesarios”.

“Pero, como ya los cubren organizaciones que históricamente no han recibido los recursos necesarios para dar su función, pues bueno, ahí están”, lamentó, para puntualizar que esto es algo que “en otros sectores es inviable”. ”Es imposible que se cuente con entidades que dejan sus recursos para bien del global”, resolvió.