La propuesta de regulación del CIRBE ha sido ya sometida a información tanto del Banco de España como de la propia APD por los responsables de Economía, a los que se les han hecho llegar algunas recomendaciones a tener en cuenta.

La idea en la que trabaja Economía es la de aproximar el CIRBE a los criterios exigidos por ley para los ficheros privados de morosos, como el Asnef-Equifax o el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), a los que se les impone la obligación de retirar de elos a las personas físicas o jurídicas cuando cumplen los seis años desde que fueron inscritos, con independencia de si han pagado la deuda o no.

Las fuentes consultadas han señalado a Servimedia que la normativa que se prepara no será tan exhaustiva como la impuesta a los ficheros privados. El motivo principal es que el CIRBE tiene una utilidad pública para el propio Banco de España, que es medir el nivel de riesgo que tienen asumidas las entidades.

La revisión del CIRBE ha surgido a raíz de lasprotestas que se han canalizado ante la Agencia de Protección de Datos, acusando al Banco de España de incumplir la legislación sobre Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

El artículo 28 de esta norma indica que "sólo se podrán registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los afectados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años".

El CIRBE, según esas denuncias, permite que permanezca en él deudas con más de seis años, y sus contenidos, relativos a deudas de empresas y particulares superiores a 500.000 pesetas, son reiteradamente consultados por las entidades financieras para decidir nuevas operaciones de crédito.

La respuesta de la APD ha sido que cabe hacer una excepción con el fichero del Banco de España, porque la exigencia de plazos que recoge la ley es para registros privados, mientras que el CIRBE tiene una reconocida función pública y, además, la cuantía mínima de las deuds que recoge hace que, en su mayoría, sean de empresas, y no de personas.

No obstante, la APD trasladó su preocupación por la regulación del fichero CIRBE al gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, y éste, a su vez, al Ministerio de Economía, lo que ha acabado en el proyecto de nueva regulación que podría aprobarse en los próximos meses.