El informe, al que tuvo acceo Servimedia, reconoce que "los responsables realizaban actividades de captación de ahorro utilizando como señuelos sorteos y premios inexistentes y falsas promesas de contabilidad para los impositores".

Los peritos, cuyo estudio ya ha sido trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el caso, determina que la actuación de la Caja de Crédito Andaluza y la Caja Previsora Andaluza "infringe la Ley de Disciplina de Entidades de Crédito".

Las dos entidades, de distinta nauraleza aunque con idénticos propietarios y sede, presuntamente defraudó durante la década de los 80 unos 10.000 millones de pesetas a más de 200 pequeños ahorradores de Granada, Almería, Jaén, Córdoba y Ciudad Real y a distintas inmobiliarias de Andalucía, por lo que 17 de sus responsables están siendo investigados por la Audiencia Nacional.

Entre las pretensiones de la Caja estaba la compra del hotel Meliá don Pepe, en Marbella, con avales de la Caja.

En el informe pericial se reconoce la existncia de importantes ausencias en la contabilidad durante amplios períodos de tiempo, incluido todo el año 1988, por lo que tan sólo se han podido detectar algo más de 250 millones de pesetas correspondientes a parte de los fondos de los clientes en el momento de la intervención.

También reconoce que las inversiones filatélicas y artísticas practicadas por la entidad fueron una "tapadera" y que los responsables de la entidad realizaron inversiones inmobiliarias en Granada, Almería y Jaén y compraron veículos a título individual con avales de la Caja.

"CASO JUAN GUERRA"

Los inspectores del ministerio afirman también que José María Román Jiménez, funcionario de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en Granada, adquirió a la Junta de Andalucía licencias de máquinas tragaperras para beneficio de la entidad.

Precisamente, otro de los implicados en la presunta estafa, el empresario granadino Gabriel Molina Gálvez, está siendo investigado también por el juez sevillano Angel Márquez por supresunta implicación en la trama de las tragaperras del "caso Guerra".

El juez sospecha que la presunta información privilegiada usada por Molina, procedente de la Consejería de Gobernación, para la consecución de las licencias le sirvió para beneficiar a terceros.

Entre los 17 implicados están el empresario granadino Luis Mingo, como responsable de la entidad, el funcionario José Román; el director de la entidad en Jaén, Blas Quesada, José Manuel Segura Toro y Antonio Franco, que dio en su día e nombre al actual campo de fútbol de Almería.