Esa es una de las propuestas pactadas por esas cinco organizaciones en el documento ‘Por un despliegue de energía eólica marina justa y sostenible. Propuesta para un nuevo marco normativo’, que las ONG compartieron con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ante la complejidad y las limitaciones en la información ambiental disponible sobre numerosas zonas marinas, los ecologistas proponen centrar las subastas inicialmente en una o dos zonas de alto potencial para el desarrollo de energía eólica marina (conocidas como Zaper).

Esta estrategia permitirá abordar con más precisión posibles impactos negativos ambientales y sociales en estas áreas, y facilitará que el Gobierno y las empresas promotoras se coordinen para resolver las lagunas de información ambiental en el resto de las zonas planificadas.

Este enfoque estratégico, según las organizaciones, busca equilibrar el avance en la transición energética con la prudencia y la responsabilidad para la protección de la biodiversidad.

En relación al fondo público, el documento señala que se destinaría a acciones de mejora social y ecológica en la zona. Su gestión estaría a cargo de una entidad pública, y su distribución se llevaría a cabo "de manera transparente, con una fuerte participación pública y un informe previo positivo de un órgano de participación social".

"Las medidas podrían incluir, por ejemplo, bonos sociales, apoyo a proyectos locales de energía sostenible y programas de conservación, seguimiento ambiental (seguimiento adicional al que ya deben realizar los propios promotores de posibles impactos acumulados y sinérgicos) y protección de la biodiversidad marina", recalca el documento.

La participación de los promotores en estos fondos tendría una base mínima por megavatio/hora producido o de los ingresos por la venta de electricidad. A partir de ese mínimo, las aportaciones adicionales serían valoradas en las subastas a través de los criterios de selección.

CINCO PASOS

El documento incluye cinco pasos para la “correcta aprobación” de proyectos de energía eólica en el mar, entre ellos que los aspectos ambientales y sociales de los promotores tengan un mayor peso en la puntuación de las subastas (un 50% y un 25%, respectivamente), con el fin de priorizar la contribución a la sostenibilidad, minimizar el impacto ambiental, impulsar la participación social y un reparto justo de los beneficios con las comunidades locales.

Además, las ONG apuestan por identificar y delimitar las zonas más idóneas para el despliegue renovable en el mar.

El tercer “paso” se refiere a validar y priorizar las Zaper identificadas por el Gobierno para primar aquellas en las que se prevé un menor impacto ambiental.

Los dos últimos aluden a realizar una evaluación de impacto ambiental y social previa a la asignación del derecho sobre la lámina de agua, y el desarrollo de parques eólicos marinos tras estudios técnicos y ambientales detallados, la obtención de los permisos necesarios y aplicar medidas preventivas, correctoras y compensatorias a lo largo de la vida útil del parque y su desmantelamiento.

Por último, las organizaciones reclaman al Gobierno que amplíe la red de espacios marinos protegidos hasta cubrir un 30% de las aguas marinas nacionales en 2030 y que haga “esfuerzos” para que España alcance “emisiones cero” de gases de efecto invernadero en 2040.