Estas tres entidades lanzaron un nuevo informe que analiza la evolución del riesgo del uso de los plaguicidas en España desde 2011 hasta 2018, el cual muestra que el uso y el riesgo para la salud humana de estos productos no ha disminuido.

Ello contradice al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la UE, que indican que, aunque la comercialización de este tipo de productos ha aumentado en un 5,56%, el riesgo se ha reducido en un 22%.

Las organizaciones criticaron que la evaluación de la toxicidad de los plaguicidas en la UE es inadecuada porque minimiza el impacto de estos productos y no ofrece datos precisos sobre los peligros para la salud humana y ambiental. Por ello, urgieron a modificar esos instrumentos, además de avanzar en una transición agroecológica del sistema alimentario que minimice el uso de tóxicos en la agricultura.

Un ejemplo sobre daños para la salud humana es el aumento del riesgo de mutagenicidad o la prácticamente nula reducción del riesgo cancerígeno por uso de pesticidas, recogida en el informe. Los daños ambientales también se han incrementado en el periodo de estudio, con consecuencias adversas para los ecosistemas acuáticos, la flora o la fauna.

Como ejemplo de efectos negativos de los plaguicidas está la disminución de hierbas y flores, de las abejas silvestres que se asocian a ellas y de otros artrópodos que contribuyen al control biológico de plagas o que proporcionan multitud de servicios ecosistémicos (polinización, degradación de la materia orgánica, etc.) importantes para la producción de alimentos y que están en riesgo por el uso de agrotóxicos.

Estas consecuencias quedan infravaloradas en los análisis oficiales, que evalúan el riesgo por separado de cada tóxico en lugar de considerar su efecto combinado, según Ecologistas en Acción, la SEAE y WWF.

Por todo ello, estas organizaciones urgieron a sustituir el actual modelo de evaluación del riesgo de los plaguicidas y a emplear un modelo como el utilizado en este estudio, basado en la carga tóxica.

Ecologistas en Acción, SEAE y WWF solicitaron retirar la autorización a los productos con impacto grave de la salud humana y el medio ambiente, reducir en al menos un 50% la carga tóxica de los plaguicidas y apostar por las soluciones planteadas por la agricultura ecológica para una producción alimentaria respetuosa con las personas y la naturaleza.