Así lo denunció en un comunicado en el que añadió que, para plaguicidas autorizados, se mantiene el anterior límite de 0,1 microgramos/litro, pero se introduce un nuevo límite, “más restrictivo”, para plaguicidas prohibidos y no autorizados, de 0,03 microgramos/litro, que en la anterior legislación solo se aplicaba a cuatro sustancias y ahora se aplicará a “todos los plaguicidas diferentes a los autorizados”.

“Es un cambio importante, porque las sustancias no autorizadas y prohibidas son numerosas, además de mucho más tóxicas y peligrosas para la salud y los ecosistemas”, sentenció, para considerar “curioso” que, sin embargo, el nuevo Real Decreto 2/2023 que regula la explotación de las aguas minerales naturales, aguas de manantial y aguas preparadas envasadas para el consumo humano “no introduce esta distinción entre plaguicidas autorizados y no autorizados, y mantiene el mismo límite para ambos grupos, de 0,1 microgramos/litro”.

A este respecto, defendió que, “para plaguicidas prohibidos o no autorizados por ser muy tóxicos", el agua de grifo "tiene una regulación más estricta que el agua embotellada”, por lo que, a su juicio, quienes consuman agua embotellada “pagan mucho más por un agua que permite más de tres veces la cantidad de plaguicidas prohibidos”.

La organización ecologista urgió a todas las administraciones responsables del suministro de agua potable a que “cumplan con sus responsabilidades y aseguren que lo escrito en la nueva norma sea una realidad en nuestros grifos” y exigió una “correcta” gestión que “asegure un suministro de agua saludable en todas las poblaciones”.

Junto a ello, tras “felicitarse” por el cambio legislativo que, a su entender, derivará en “una mayor protección del agua del grifo”, lamentó que el Ministerio de Consumo “no haya hecho lo mismo con el agua embotellada”, por lo que emplazó al departamento de Alberto Garzón a que “corrija esta situación” y dijo esperar que la normativa “se transponga a todas las comunidades autónomas y que se controle su cumplimiento”.