Así lo reivindicó en un comunicado emitido tras el rechazo por parte del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus del Gobierno que garantizaba las ayudas al transporte público y en el que la organización denunció la “insensibilidad ambiental y social de quienes votaron en contra”, pero también la “falta de previsión y de medidas permanentes” impulsadas por el Ejecutivo central en este ámbito.

En este contexto, exigió “medidas alternativas para mantener el fomento del transporte público” y juzgó “necesarias” algunas “mejoras” en el transporte público colectivo y actuaciones que “garanticen” que “todo el mundo pueda ejercer su derecho a la movilidad y a la accesibilidad de los servicios y bienes que permite el transporte”.

Ante la “grave situación creada”, estimó que un sistema “más justo” de ayudas “tiene que tener muy presente la vulnerabilidad social y económica" en relación al transporte, mientras se aborda una “estrategia global de movilidad sostenible en todos los municipios”.

“Es decir, se debe garantizar de manera permanente que las personas con menos recursos puedan ejercer su derecho a la movilidad, teniendo en cuenta la renta, la edad, sus características físicas, pero también otros factores como la calidad, cantidad y accesibilidad al transporte público”, abundó.

PRECARIEDAD EN EL TRANSPORTE

Junto a ello, abogó por “eliminar la precariedad en el transporte”, relacionada no solo con la falta de recursos económicos, sino también con la falta de opciones, la falta de accesibilidad, la “pobreza de tiempo si resulta necesario emplear demasiado tiempo para los desplazamientos” o las “inadecuadas” condiciones de viaje.

En paralelo, aseveró que una de las mejoras que se deberían incorporar “de forma urgente” para mejorar el uso del transporte público y colectivo es la creación de un título único de transporte que cubra la totalidad del territorio español, como ya ocurre “con gran éxito” en otros países europeos.

“El Gobierno ha anunciado que se van a iniciar los trabajos para ponerlo en marcha antes de que termine 2026, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que una medida así debería estar vigente”, advirtió, al tiempo que subrayó que este billete debería tener un coste “diferencial” según los estándares de “vulnerabilidad social” y en relación al transporte, a través de abonos sociales o mecanismos similares.

A su juicio, todas estas medidas se deben “combinar” con mejoras en el transporte público al tiempo que se sigue una política de “restricción” al uso del automóvil y de “limitaciones” al avión, los dos medios de transporte con mayor impacto ambiental.

“Se puede reducir el uso del coche con la implantación de Zonas de Bajas Emisiones exigentes, poniendo límite a los aparcamientos solo para residentes o con la creación de Consorcios o Autoridades de Transporte en aquellas zonas metropolitanas que carecen de este instrumento de gestión, entre otras muchas opciones”, abundó.

Por último, en el ámbito aéreo instó a prohibir los vuelos con alternativa terrestre de menos de cuatro horas, cobrar el IVA en los billetes de avión, poner impuestos al queroseno o crear una Tasa a los Vuelos Frecuentes, entre otras medidas.