No en vano, esa cifra es superior a los 244 asuntos de 2020, los 286 de 2021, los 306 de 2022 y los 334 de 2023, según un recuento realizado por el Área Jurídica de Ecologistas en Acción.

Estos 360 casos confirman la tendencia al alza de los últimos años y se distribuyen entre las variadas áreas de acción de la organización, sobre todo el urbanismo y la protección de la biodiversidad, según informó este miércoles Ecologistas en Acción.

Se trata de procedimientos que buscan defender a personas activistas acusadas por sus acciones de protesta, así como quienes persiguen la delincuencia ambiental o impugnan normas, planes y proyectos de graves repercusiones ambientales.

“El creciente número de procedimientos ante los tribunales de justicia pone de relieve la importancia que está cobrando la acción judicial en la lucha ecologista”, según Jaime Doreste, coordinador del Área Jurídica de Ecologistas en Acción.

De todos estos asuntos que el año pasado estuvieron activos en tribunales, 287 pertenecieron a la jurisdicción contenciosa administrativa, 72 a la pena, por delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio y uno a la civil.

Las comunidades autónomas con más más litigios medioambientales fueron Andalucía (133), Castilla y León (53), y Comunidad de Madrid (26).

RED DE ABOGADOS

El Área Jurídica de Ecologistas en Acción, integrada por una red de abogados que colaboran con las federaciones y grupos locales, aborda una temática creciente de asuntos variados, que comprende prácticamente todos los aspectos medioambientales.

Entre ellos, por ejemplo, licencias o planes urbanísticos, usurpaciones de vías pecuarias o caminos públicos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, grandes plantas de energía, infraestructuras de transporte, gestión de espacios protegidos, delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, y prevaricación urbanística.

El año pasado hubo un creciente número de asuntos relacionados con la minería, con 23 casos que afectaron sobre todo a Andalucía, Galicia y Aragón. “No es para menos; la creciente demanda de recursos minerales, considerados muchos de ellos críticos o estratégicos para la digitalización de la economía y la industria armamentística, se ha traducido en una verdadera avalancha de solicitudes de permisos de exploración y de investigación, así como de concesiones de explotación”, apuntó Doreste.

Según Doreste, la Ley de Minas de 1973 es “absolutamente obsoleta y desarrollista”, y está “empeorada incluso por las normativas autonómicas, con una deficiente e inoperante integración con las exigencias de protección ambiental”.

En su resumen anual, Ecologistas en Acción recordó a uno de los abogados que afrontaba estos litigios contra permisos y concesiones mineras, y que tuvo una especial implicación en conflictos jurídicos para la protección del agua: Abel Lacalle, fallecido el pasado 18 de diciembre.

“Con la pérdida de Abel, despedimos a un formidable compañero y amigo, y a un referente en el derecho ambiental. Se le echará mucho de menos, y seguirá inspirándonos en muchas de esas luchas ambientales en las que nunca dudo en implicarse”, remarcó Doreste.