Según informaron a Servimedia fuentes de las administraciones central y autonómica, el motivo de esta "amenaza" es que el Ejecutivo de Gabriel Cañellas ha fijado un impuesto a las empresas energéticas de la región que grava el efecto de su actividad sobre el medio ambiente, cuando el deseo del Gobierno es imponer una "tarifa eléctrica única" para todo el país, que no deja margen a fijar este impuesto.

Esta decisión del Gobierno del PP en Baleares ha puesto "entre la epada y la pared" a las empresas energéticas de las islas, ya que se ven obligadas a pagar el impuesto sin poder repercutirlo en la tarifa, general para todo el Estado español, y que se mantiene en el proyecto de la nueva ley, para las empresas que operen en el Sistema Eléctrico Integrado, es decir, el actual.

La situación ha llevado la cuestión hasta el Tribunal Constiucional, que sin haberser pronunciado aún sí hapermitido al Gobierno balear seguir aplicando la ley, lo que supone poder recaudar al añ unos 4.000 millones de pesetas, de los que unos 800 proceden del monopolio que ejerce GESA, del grupo Endesa, en en todo el archipiélago.

Paralelamente, las empresas afectadas han presentado recursos ante la jurisdicción ordinaria contra el reglamento que regula el sistema de liquidación del impuesto ecológico balear, y cuya respuesta del Tribunal Superior de Baleares ha sido rechazarlos, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores.

De momento, el Ejecutivo de Gabriel Cañellas no ha cobrdo los 4.000 millones de pesetas, ya que las empresas (GESA, REPSOL, CLH y otras más) han optado por recurrir ante el Tribunal Supremo, con el argumento de que la decisión del gobierno del PP en las islas tiene trascendencia para el resto del territorio nacional.

Las prisas del Gobierno central en sacar adelante la "Ley Eléctrica" está en reforzar legalmente el principio de "tarifa única" y alejar las posibilidades de que los tribunales fuercen al Gobierno central a reestructurar el sistema tarifario léctrico nacional.

De no ser así, podría darse el caso de que el Ejecutivo central se viera obligado a repercutir la "eco-tasa" de Baleares y de los demás gobiernos regionales dispuestos a implantarla en el recibo de la luz que pagan todos los españoles, repitiéndo la "historia" del "parón nuclear", cuyo coste se hizo repercutir en la tarifa eléctrica con un recargo del 3,4 por cien.