Rafael Espejo y José Ramón Fuentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona a penas de 4 y 6 años de cárcel, respectivamente, por un delito de tráfico de rogas.

Pero sus abogados detectaron que los magistrados que firmaron la sentencia no eran los mismos que habían participado en el juicio oral, y apelaron al Supremo, que les da la razón, porque "es indeclinable" que los magistrados presentes en el juicio deben ser los que intervengan después en la deliberación, votación y fallo de la sentencia.

Este error judicial obliga al Supremo a anular la sentencia y devolver la causa a Barcelona, donde deberán dictar un nuevo fallo firmado por los tres primros magistrados que estuvieron en el juicio, o bien repetir el proceso de la vista oral.