Así lo desvela un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 212 números fijos y móviles empleados para realizar ofertas comerciales, que revela “graves irregularidades” a la hora de identificar a las empresas al intentar devolver la llamada y, en el caso de las que sí se identifican, por las dificultades para darse de baja de sus bases de datos.

Con respecto a las compañías no identificables, lo “más frecuente”, según la investigación de OCU, es que salte un mensaje del operador telefónico informando de diferentes circunstancias como que la línea no existe o tiene restringidas las llamadas o que se trata de un número desconocido.

En otros casos, aunque el usuario cuenta con el número de la llamada recibida, “no tiene forma de hablar con nadie”, lo que, a juicio de la organización, “en la práctica impide la identificación de la empresa" que se puso en contacto con él, "incumpliendo" así los requisitos que exige la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu).

DARSE DE BAJA

OCU criticó que, incluso cuando el usuario consigue hablar con un teleoperador, “es muy difícil dar de baja los datos personales”, algo que sólo se consigue realizar “de forma inequívoca” en una de cada diez llamadas a pesar de ser un derecho también contemplado por la Lgdcu.

“En el resto, o bien se dieron excusas, se colgó sin más explicaciones o el resultado de la petición fue dudoso, con soluciones parciales o indirectas, como señalar un enlace a su política de privacidad”, denunció la asociación.

Los “principales problemas” reflejados en el estudio estuvieron relacionados con llamadas de empresas de telecomunicaciones, que protagonizaron la mitad de las 212 recogidas. “Esto desacredita su reciente código ético para evitar las malas prácticas en la venta por teléfono”, lamentó OCU.

A la luz de estos resultados, la organización solicitó al Ministerio de Consumo que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “garantice” el derecho del consumidor a identificar “de forma sencilla” a la empresa que le contacta, al igual que su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos en el mismo canal telefónico.

Además, teniendo en cuenta las quejas de los usuarios sobre la frecuencia de las llamadas, OCU estimó que deberían “limitarse de alguna forma”, incluyendo las que se realizan desde números extranjeros.