Los hechos que han dado lugar a la sentencia se produjeron en Crtagena (Murcia) entre 1990 y 1992, cuando Juan Martínez Belando se fijó en la niña D.C.M., de 11 años de edad, y se dispuso a ganarse su confianza de manera gradual "con promesas y halagos".

De invitarla a dar un pasaeo en su ciclomotor, el acusado pasó a llevarla a la vivienda donde, al menos en tres ocasiones distintas, se desnudó y despojó de la ropa a la menor, a quien procedió a manosear y obligó a masturbarle, tras lo cual le entregó 1.000 pesetas, dinero que la madre de la niña creía procedent de la mendicidad.

Según consta en la sentencia, el acusado, que llegó a golpear a la niña al verla en compañía de algún muchacho, "trabó lazos de dependencia con la familia de la menor" hasta el punto que les compraba ropa y alimentos y de acoger en su casa a un cuñado y a una hermana de la cría. Con el tiempo, la víctima evitaba salir a la calle debido al asedio al que era sometida.

A principios de noviembre de 1992, el inculpado se presentó en el domicilio de la menor, quien, debido a su miedo abrió la puerta sin retirar la cadena de seguridad, lo que no gustó nada al acusado. Este comenzó a golpear la entrada cuando se presentó la madre de la cría, a quien dijo que iba a denunciar "por tener una hija tan puta y tan golfa".

Cuando la madre de la menor presentó la denuncia contra el acusado, éste amenazó a la mujer con "rajarlas" a ella ya su hija, ponerles los ojos "morados" y "coserles el resto del cuerpo a puñaladas".

La Audiencia Provinial de Murcia condenó al acusado a dos años deprisión y a uma multa de 182.500 pesetas por un delito de prostitución y otro de obstrucción a la justicia, fallo que ha sido confirmado ahora por el Alto Tribunal.

Tras recordar que el propio acusado reconoció haber tratado de obstruir la acción de la justicia al amenazar a la madre y a la víctima, el Supremo agrega que la sentencia es conforme a derecho, no se vulneró su presunción de inocencia y contó con todas las garantías procesales.

Así, el Alto Tribunal recuerda que cuando el fiscal decidó acusarle de los delitos de prostitución y de obstrucción a la justicia, en lugar de inducción a la prostitución de una menor, el abogado del inculpado no formuló alegación alguna en contra.