Todos los abogados se han puesto a disposición de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía (Cepa), que ha presentado una querella contra Boliden y las administraciones central y autonómica.

José Luis García, presidente de la asociación Aedenat, declaró hoy a Servimedia que tanto el Ministerio e Medio Ambiente como la Junta de Andalucía incurrieron en un delito de prevaricación ecológica, tipificado en el artículo 329 del nuevo Código Penal, por autorizar la actividad de la mina, a pesar de existir constancia de los riesgos que ello conllevaba.

Los juristas de las organizaciones ecologistas consideran que las reiteradas denuncias presentadas por la Cepa, advirtiendo de la existencia de filtraciones en la balsa de residuos y de su peligrosidad, pusieron sobre aviso a las Administraciones, pee a lo cual permitieron a Boliden continuar su actividad.

El Código Penal establece penas de seis meses hasta tres años para las autoridades o funcionarios que hayan incurrido en un delito de prevaricación ecológica.

La denuncia se dirigirá inicialmente contra los responsables de las consejerías de Industria y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, si bien García señaló que no se descarta ampliarla a otros cargos del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, acusan a laempresa Boliden de un delito ecológico por verter residuos tóxicos con consecuencias catastróficas sobre un espacio protegido, por lo que la pena podría llegar a ser en este caso de nueve años de prisión.