El director de Conservación de Seo/BirdLife, Miguel Angel Naveso, declaró hoy, en rueda de prensa, que su organización ha remitido a Bruselas un informe de urgencia sobre el impacto del vertido, realizado por el equipo de esta organización desplazado a Doñana.

El documento denuncia que el vertido ha contaminado 9.500 hectáreas del entorno de Doñana, afectando a tierras agrícolas, así como 70 kilómetros de cauce del río Guadiamar y miles de aves. La organización estma que los ecosistemas de Doñana tardarán décadas en recuperarse de los efectos del vertido.

Naveso señaló que los miembros de Seo/BirdLife comprobaron sobre el terreno cómo cientos de aves se alimentaban entre los lodos tóxicos y muchas de ellas agonizaban.

El informe, que también ha sido enviado al presidente del Gobierno y de la Junta de Andalucía, denuncia la falta de información que sufren las poblaciones afectadas, circunstancia que impide que adopten medidas preventivas ante los posibles eectos nocivos que puede tener para la salud el vertido.

En este sentido, Juan Criado, responsable del Departamento de Especies de Seo/BirdLife, manifestó que observaron cómo algunas tierras agrícolas se regaban con agua contaminada y algunas reses bebían en zonas también afectadas.

INVESTIGACION JUDICIAL

Ante esta situación, la organización ecologista decidió solicitar a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación para delimitar responsabilidades.

Según Miguel Angel Naveso, e incumplimiento de la directiva de Aves es evidente al no haber declarado las autoridades españoles Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) al parque natural pese a su indudable interés biológico, ya que la declaración sólo abarca el parque nacional.

Además, señaló que no se establecieron las medidas adecuadas para proteger a la avifauna de Doñana, a pesar de las numerosas denuncias que advirtieron del peligro que entrañaba la actividad de las minas de Aznalcóllar.

Naveso pidió al poderjudicial que aplique la legislación con rigor, fundamentalmente el Código Penal, ya que se mostró convencido de que se ha cometido un delito ecológico.

El portavoz de Seo/BirdLife atribuyó las mayores responsabilidades a la ministra de Medio Ambiente, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a los consejeros de Industria y Medio Ambiente de Andalucía.

Miguel Angel Naveso manifestó que ambas administraciones han incurrido en "dejación de funciones", y aseguró que durante e pasado fin de semana sólo cuatro operacios trabajaron en la zona para retirar animales muertos.