Tocino recordó que los peritos judiciales todavía no han emitido el informe relativo a las causas de la rotura de la balsa de residuos.

Según la titular del departamento de Medio Amiente, esta circunstancia le sirve de pretexto a la empresa para no sellar la balsa siniestrada, con el consiguiente riesgo que ello conlleva.

La ministra advirtió que si las instancias judiciales no aceleran la instrucción, el proceso para dirimir responsabilidades se puede prolongar durante ocho o diez años.

Asimismo, aseguró que, de haber existido en el ordenamiento jurídico español una Ley de Responsabilidad Civil, Boliden-Apirsa ya habría pagado una indemnización, independientemente de la setencia que emitan los tribunales.

En este sentido, Tocino dijo que el proyecto de ley sobre responsabilidad civil en caso de accidente ecológico que prepara su departamento puede estar concluido antes del verano. El texto prevé indemnizaciones de hasta 15.000 millones de pesetas.

CAMBIO CLIMATICO

En el transcurso de un encuentro con periodistas organizado por el ministerio y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), la ministra de Medio Ambiente también se refirió a las negoiaciones que mantiene con sus homólogos europeos para determinar las cuotas que cada país debe asumir para cumplir el Protocolo de Kioto sobre cambio climático.

Aunque los estados miembros ya hicieron el denominado "reparto de cargas", algunos países, entre ellos Holanda, han advertido que no pueden cumplir el objetivo de reducción de emisiones de gases invernadero que se les asignó.

Respecto a España, la ministra reconoció que España ya ha superado el aumento del 15 por ciento de emisiones que s le permite hasta el periodo 2008-2012, tomando como referencia 1990.

Sin embargo, agregó que España cumplirá su objetivo merced a las medidas de eficiencia energética que se pondrán en marcha en los sectores del transporte, la industria y la agricultura, y los mecanismos de flexibilidad que incluye el protocolo.

Finalmente, Isabel Tocino se refirió al Protoco de Bioseguridad, para afirmar que urge la aprobación de una nueva directiva, que obligue a etiquetar los alimentos que contengan sustancia transgénicas.

No obstante, aseguró que los alimentos modificados genéticamente no suponen ningún riesgo para la salud, aunque añadió que todavía existen dudas sobre el impacto que pueden tener en el medio ambiente.