La querella de la Cepa solicita la prisión incondicional sin fianza para los directivos de la empresa propietaria de la mina de Aznalcóllar y la investigación de las causas y efectos del desastre.

La Coda criticó hoy la decisión de la jueza de Sanlúcar la Mayor, por considerar que obstaculiza "la actuación popular de las organizaciones ecologistas".

La coordinadora recordó que la misma jueza archivó en 1997 la denuncia ue la Cepa presentó contra Boliden Apirsa por un presunto delito ecológico.

Para poder hacer frente a la fianza y los gastos derivados de las actuaciones judiciales que los ecologistas han emprendido contra los presuntos responsables de la catástrofe, la Coda ha creado el Fondo de Solidaridad con Doñana en la cuenta bancaria de Caja Postal número 1302-9081-62-0010053451, para canalizar las aportaciones de todos los ciudadanos que deseen apoyar estas acciones.