Denche acusó a Tocino de mostrar mayor interés en exculpar a su ministerio de posibles responsabiliades que de establecer medidas de urgencia que minimicen el impacto del vertido tóxico, cuyos efectos, dijo, pueden ser devastadores para el parque nacional y los pueblos del entorno. IU solicitará la declaración de la zona como catastrófica, ya que los daños sobre la agricultura y la pesca perdurarán durante años.

Asimismo, la coalición solicitará a la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que depuren responsabilidades, puesto que "todo apunta a que se ha producido un fallo estrepitoso de los sistemas de vigilancia y control de la presa, cuando además ya era conocida la presencia de grietas, denunciadas por distintos grupos ecologistas ante la pasvidad de la Junta".

Además, IU anunció que actuará contra la multinacional sueca Bodilen, propietaria de las minas de Aznalcóllar, y que solicitará ayudas urgentes al Parlamento Europeo para paliar los efectos del vertido.