Según la organización ecologista, su director en España, Xabier Pastor, envió un escrito al consejero el pasado 30 de septiembre para pedirle esos datos.

A juicio de Greenpeace, entre las exigencias a Boliden debería incluirse de forma prioritaria el completo aislamiento de la actividad minera del medio ambiente del entorno de Doñana.

La organización ecologista duda de que desde la Consejería de Industria de la Junta se hayan establcido, sin embargo, unos baremos mínimos exigibles a Boliden, ya que de haber sido así, se hubieran dado a conocer públicamente.

"Las administraciones públicas y Boliden mantienen una alianza indecente", declaró Xavier Pastor. "Los últimos resultados analíticos que se conocen empiezan a mostrar la dimensión real de la catástrofe de Doñana. En las circunstancias actuales, permitir la reapertura de la mina es una irresponsabilidad".

Pastor anunció el envío de un nuevo escrito al consejero Gutiérrez,en el que le recuerda que la legislación europea obliga a las autoridades públicas a poner a disposición de los ciudadanos cualquier información relativa al medio ambiente.

Por otro lado, Greenpeace ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cubrir de manera urgente la plaza vacante dejada por la jueza Celia Belhadj en el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por el "caso Doñana", con el fin de agilizar las diligencias judiciales sobre el vertido de Aznalcóllar.