"Mientras tanto", agregan los ecologistas en un comunicado, "la empresa propietaria de las minas, Boliden Apirsa, se mantiene libre de fianza o embargo de bienes que garantice el pago de la restauración de la zona, para la cual las administraciones central y autonómica han comrometido 15.000 millones de pesetas de todos los contribuyentes".

La jueza de instrucción de Sanlúcar la Mayor ha reclamado a la Cepa una cantidad de 5 millones de pesetas como fianza para admitir la querella interpuesta por la confederación, en la que solicita la prisión incondicional sin fianza para los directivos de la multinacional sueca.

La Cepa dispone de un plazo de diez días para conseguir los 5 millones de fianza si quiere acceder al procedimiento como acusación popular.

Los ecologitas afirman no entender la decisión de la jueza, ya que la ley establece mecanismos para el acceso a la justicia gratuita por parte de personas o entidades sin recursos. Por ello, interpretan la actuación de la jueza como "un intento de obstaculizar la querella e impedir que participemos como parte en el proceso judicial".

La confederación ecologista ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se solidaricen y presten su ayuda, con el fin de que esta entidad pueda personarse en el proceso, para o cual ha abierto una cuenta en una entidad bancaria, en la que espera recoger los 5 millones de pesetas exigidos por la jueza como fianza.