El comisario de Aguas de la confederación, Juan Saura, declaró hoy en el Congreso, que la decisión dependerá de los estudios que está realizando este organismo para determinar si la extracción de agua de los acuíferos puede provocar que la contaminación se traslade a través de las aguas subterráneas.

En la actualidad, el desnivel de las aguas subterráneas situadas bajo los terrenos contaminados por los lodos hace que éstas fluyan hacia el cauce del Guadiamar, impidiendo que se extienda la contaminación a otras zonas.

Sin embargo, los técnicos de la confederación hidrográfica temen que si se realizan extracciones en las próximas semanas los niveles de agua en los acuíferos varien, invirtiendo la tendencia actual y dirigiendo los flujos tierra adentro, lo que podría provocar la contaminación de áras que ahora no están afectadas.

Para determinar la incidencia que tendrían las extracciones en el nivel de las aguas subterráneas y la dirección de los flujos, la confederación ampliará los puntos de muestreo, pasando de los 46 actuales a más de 100.

Los análisis realizados hasta ahora sólo revelan la presencia de metales pesados en pozos situados en zonas inundadas por los lodos tóxicos.

COMPETENCIAS

Respecto a las causas del derrumbamiento del dique de la balsa que contenía los residuostóxicos, tanto el comisario de Aguas, como el presidente de la confederación, Manuel Vizcaíno, aseguraron desconocer los motivos.

Sin embargo, reconocieron que el informe de Geocisa concluía que la estabilidad del dique estaba asegurada, aunque advertía de defectos en los sistemas de control.

Manuel Vizcaíno insistió en que las competencias sobre el control de la balsa recaen sobre la Junta de Andalucía, a pesar de que se encontraba en una zona considerada de "policía hidraúlica", lo que le confire a la confederación la posibilidad de ejercer labores de vigilancia.

En este sentido, los responsables de la CHG aseguraron que este organismo se limitaba a vigilar los vertidos autorizados de la empresa, para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

El presidente de la confederación hidrográfica señaló que se debe realizar el deslinde de los márgenes del Guadiamar lo antes posible, para determinar cuál es el dominio público hidraúlico y canalizar las primeras ayudas hacia esas zons.

Vizcaíno reconoció que hasta el momento el organismo que preside está centrando las labores de limpieza en las áreas de los márgenes del Guadiamar que no son de propiedad privada.

Finalmente, se mostró partidario de abrir una vía alternativa para los camiones que transportan los lodos hacia el lugar de vertido, ya que consideró peligroso el tránsito de estos vehículos por las carreteras comarcales.